En este sentido, los socios comunitarios se han comprometido a usar principios «transparentes y relevantes» como base para prestar apoyo público a eventos deportivos, en cuestiones como los derechos humanos, los derechos de la infancia y de los trabajadores y la igualdad de género, así como la prevención de todas las formas discriminación y amenazas a la integridad del deporte, como el dopaje, el amaño de resultados y la violencia.

En las conclusiones adoptadas este martes por el Consejo de la UE, los Estados miembros reclaman, además, garantizar unos procedimientos «transparentes y democráticos» en todas las etapas, desde la asignación de las sedes, la organización y la evaluación posterior a la finalización de la competición en cuestión.

De la misma forma, los socios comunitarios han pedido especial atención a el desarrollo de auditorías y evaluaciones independientes y a la elaboración análisis «fiables» de los costes y los beneficios previos a la asignación de las sedes.

Además, los Estados miembros han resaltado la necesidad de identificar y desarrollar modelos de cooperación público-privada y del intercambio de buenas prácticas, que pueda ser utilizado por otros países y autoridades locales al asociarse para albergar grandes competiciones, con especial atención a los eventos que tienen lugar en varios países, regiones o ciudades.

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